Jueces piadosos, maltratadores sin techo y víctimas cada vez más solas

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Las cuatro condenas, tres por delitos de maltrato y otra por maltrato habitual sobre su mujer, no despertaron al menos la duda del juez Pio Aguirre, que ayer, a través de una polémica sentencia, obligó a la víctima de este maltratador a acogerlo en su casa por “no tener adonde ir”. El Instituto Andaluz de la Mujer y la Fiscalía de Violencia de Género pusieron el grito en el cielo: ¿no ha puesto este juez en  riesgo la seguridad de esta mujer?, alertaban ambas instituciones, tras otra sentencia “discutible”. Al menos para Ángela Cerrillos, presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, que ponía el dedo en la yaga: “No es un problema de modificación o adaptación de la ley. Es un problema de interpretación”. Algo está pasando en los juzgados españoles de violencia de género, advertía, “cuando hay un descenso en la concesión de órdenes de alejamiento y un aumento de las absoluciones”. “Es manifiestamente mejorable la capacitación y la formación del personal” que trabaja en la Administración de Justicia, subrayaba.

“¿Y las mujeres que tienen que huir de su casa con sus hijos? ¿Quién se acuerda de ellas?”, afirmaba ayer indignada Ana Bella, presidenta de la fundación que lleva su nombre, dedicada a atender a mujeres víctimas de esta lacra social. “¿Cuántas tienen que buscar la solidaridad de otras personas porque no tienen a dónde ir? Ningún juez se apiada de ellas entonces”, afirmaba, tras denunciar que este tipo de sentencias sólo induce a las mujeres a pensar que denunciar “no vale para nada”. En ello coincide la presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis: “Escuchando estas sentencias, las víctimas se desaniman totalmente y se preguntan para qué denunciar si al final pasan estas cosas… Creo que este tipo de casos puede tener un efecto de desánimo que genera más inseguridad a las víctimas”, apuntaba Cerrillo. Justo el efecto contrario que buscó la Ley Integral de Violencia de Género que este año cumple una década en vigor.

Hasta un 25% de las órdenes de protección solicitadas por mujeres que habían denunciado ser víctimas de violencia fue denegada por un juez en 2012 frente al 17% de 2011. El número de denuncias presentadas por violencia de género en España en el tercer trimestre de 2013 (de julio a septiembre) bajó un 2,3% respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que las renuncias a continuar con el proceso judicial aumentaron. En concreto, 12 de cada 100 denuncias presentadas acaba en renuncia, según datos aportados por el Observatorio contra la la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

“Queda mucho camino por recorrer, porque las leyes pueden cambiar las cosas, pero el cambio también lo hacen las personas y ese cambio personal tiene que hacerlo cada uno”. Ana Bella volvía a poner el acento en la sensibilidad y en la empatía, como única vía para poder hacer frente a este tipo de casos: “Y eso lo da una buena formación, no un curso on line”, subrayaba, coincidiendo con la postura de la asociación de mujeres juristas y con Amparo Díaz, impulsora y coordinadora del Turno de Violencia de Género del Colegio de Abogados de Sevilla, entre 2001 y 2009,  que en una entrevista a este diario, afirmaba que, en la práctica los Juzgados de Violencia Sobre la Mujer, los Juzgados Mixtos, y las Unidades de Valoración Integral que se crearon a partir de la ley, nacieron “sin formación especializada previa y sin las dotaciones de materiales y personal necesarios para llevar a cabo su función, al igual que los Turnos de Oficio de los Colegios de Abogados”, explicaba Díaz, para quien la falta de especialización y de sensibilización está facilitando que muchos procedimientos sean archivados pues no se investiga en profundidad la violencia psicológica.

Parece que algo de esa sensibilidad de la que hablan los distintos colectivos de mujeres faltó en la sentencia que ayer dictó el juez Aguirre, hasta septiembre vocal en el órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En su dictamen antepuso la situación del maltratador que había quebrantado la orden de alejamiento volviendo a su domicilio conyugal. El hombre alegó en su defensa que no tenía adonde ir y el magistrado tuvo en consideración la versión de la víctima, su mujer, que aceptó “recogerlo”, tras verlo deambula por el pueblo, Bedmar y Garcíez. “¿Pensó este juez en qué situación está la mujer, en la dependencia emocional que suelen tener de sus maltratadores? ¿Quién puede acoger a una persona que te hace daño?”, advertía Ana Bella, para quien un juez siempre “debe de velar por la situación de las víctimas y tratar de que los agresores estén lejos de la familia”.

UN PLUS DE SENSIBILIDAD

“El tratar este tipo de casos requiere un plus de sensibilidad, comprender qué es la violencia de género. Esto no quiere decir que se sea imparcial, pero sí que el titular del juzgado que debe aplicar la ley sea sensible a este problema, porque si no lo entiende, pasa lo que pasa”, advertía Cerrillos cuya asociación trabaja junto a otros colectivos en la elaboración de un estudio sobre cómo están aplicando la ley los juzgados de violencia de género.

Tanto el IAM como la Fiscalía coinciden en que este asunto es un caso que deberían haber tratado Asuntos Sociales. “Tanto trabajo que se está realizando con políticas contra la violencia de género se ve perjudicado por sentencias de este tipo”, se lamentaba la coordinadora de Jaén del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), Beatriz Marín. ”Con consentimiento de la pareja o sin él no está justificado que un maltratador regrese” al domicilio. “El Tribunal Supremo ya dictaminó que el consentimiento de la víctima es indiferente a la hora de juzgar un quebrantamiento de condena”, denuncia la fiscal delegada de Violencia sobre la Mujer de Jaén, Gracia Rodríguez. “Se trata de un indulto encubierto que pone en peligro a la víctima, pues se ha comprobado que es agresivo hacia ella”.

El IAM ha anunciado que contactarán con la mujer, ya que fue usuaria de un Centro de Información a la Mujer (CIM) de la provincia, para trasladarle que “no está sola y que tiene recursos”.

Cuando se cumplen diez años de la aprobación de la Ley Integral contra la Violencia de Género, asociaciones, instituciones y colectivos han alzado estos días la voz de alarma ante un fenómeno, de siempre, pero al que el Estado es incapaz de ponerle coto. El mismo día en que el juez Aguirre dictaba sentencia a favor de este hombre de Jaén, otra mujer era asesinada a manos de su marido en Melilla. La víctima 18 en lo que va de año. Cinco mujeres en sólo 48 horas. ”Estamos en una situación de emergencia nacional; tiene que reunirse con urgencia la Mesa contra la Violencia de Género”, alertaba a primera hora de ayer la vicesecretaria general del PSOE y diputada, Elena Valenciano. Una exigencia que atendía horas más tarde la secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero, ante la presión de los datos.

PATRICIA RODRÍGUEZ PAGÉS | Sevilla

Link a enlace http://www.andalucesdiario.es/ciudadanxs/la-justicia-frente-a-la-violencia-machista-un-juez-se-apiada-de-un-maltratador-porque-no-tiene-donde-ir/

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