¿Cómo se tendrá que actuar ante un caso de Violencia de Género como Policía Judicial?

La primera preocupación del policía a la hora de abordarP Local 1 esta forma de delincuencia es, sin duda alguna, la víctima

A diferencia de otros delitos, donde parece que el fin primero sea el aseguramiento de pruebas y aprehensión del delincuente (vid. Art. 13 LEcrim), ante un delito de violencia de género el policía judicial debe concienciarse que, ante todo, está la seguridad de la víctima, en primer lugary, posteriormente, el realizar ese cúmulo de diligencias necesarias para que esa investigación policial llegue a buen puerto: el aseguramiento de las pruebas y del delincuente. Sin embargo tanto una como otra tarea (protección e investigación posterior), tienen un norte común: la víctima.

No cabe duda que las tareas de protección son esenciales para lograr esa primera garantía para la integridad de la mujer maltratada y de sus hijos –porque no hay que olvidar que hay muchos “niños víctimas directas e indirectas de violencia de género”-; pero, tampoco hay que olvidar que una investigación deficiente, un atestado mal instruido, una prueba indiciaria mal construida por insuficiencia de indicios, etc., pueden dejar desamparada a la víctima frente a un proceso penal en el que malamente podrá sostener su pretensión por falta de objetos de prueba que adveren su versión de los hechos.

La presunción de inocencia, regla de obligada observancia en todo proceso de un Estado de Derecho, exige acusar en base a unas pruebas de cargo, que aglutinen, además, una serie de garantías, ya que de otra manera, la víctima verá a su maltratador absuelto (o archivado su caso), volviendo a vivir ese ciclo de violencia que se genera tras la libertad del maltratador que, acusado infructuosamente, se ve libre.

Por lo tanto, protección a la víctima, directa mediante una serie de actuaciones que se detallarán a continuación e, indirecta, mediante la correcta y puntual investigación de los hechos.

PROTEGER A LA VÍCTIMA

Dividiremos las actuaciones de protección a la víctima en los diferentes momentos de la actuación policial, con independencia de que, como ha quedado expuesto, la protección vaya más allá y, en última instancia, comprenda las tareas de investigación.

Así tenemos:

Primeras diligencias con la víctima

Manifestación de la víctima

Información a la víctima

Retirada de armas

Valoración del riesgo

Primeras diligencias

Hay que partir del hecho de que la víctima se presenta en dependencias policiales a relatar una parte de su vida, de, muchas veces, la “tortura” a la que ha sido sometida por su maltratador, por lo que la actitud del agente que la reciba debe ser en todo momento muy cuidadosa, empatizando con la víctima, brindándole afecto, escuchándola, dejándole que se desahogue y llore si es preciso.

Ante la más mínima sospecha de lesión física o psíquica, se practicará reconocimiento médico a la víctima. Respecto de este reconocimiento, la LEcrim destaca, como facultades de la Policía Judicial, las siguientes:

Artículo 770. La Policía Judicial acudirá de inmediato al lugar de los hechos y realizará las siguientes diligencias:

1.ª Requerirá la presencia de cualquier facultativo o personal sanitario que fuere habido para prestar, si fuere necesario, los oportunos auxilios al ofendido. El requerido, aunque sólo lo fuera verbalmente, que no atienda sin justa causa el requerimiento será sancionado con una multa de 500 a 5.000 euros, sin perjuicio de la responsabilidad criminal en que hubiera podido incurrir.

Artículo 796. 1.Sin perjuicio de cuanto se establece en el Título III del Libro II y de las previsiones del capítulo II del Título II de este Libro, la Policía Judicial deberá practicar en el tiempo imprescindible y, en todo caso, durante el tiempo de la detención, las siguientes diligencias: 1.ª Sin perjuicio de recabar los auxilios a que se refiere el ordinal

1.ª del artículo 770, solicitará del facultativo o del personal sanitario que atendiere al ofendido copia del informe relativo a la asistencia prestada para su unión al atestado policial.

Asimismo, solicitará la presencia del médico forense cuando la persona que tuviere que ser reconocida no pudiera desplazarse al Juzgado de guardia dentro del plazo previsto en el artículo 799. Es decir, en relación con el reconocimiento médico de la víctima, la Policía Judicial está facultada para:

a) Solicitar la presencia de cualquier facultativo para que reconozca a la víctima (procedimiento abreviado)

b) Pedir copia del parte médico que se emita que se adjuntará al atestado (enjuiciamiento rápido).

La negativa del facultativo a cumplir cualesquiera de los requerimientos anteriores, puede ser calificada como desobediencia, ya sea leve o grave, ex Art. 634 ó 556 CP.

Realizado el reconocimiento y, si el estado de la víctima es tal que merece ser plasmado en una fotografía que se adjunte al atestado, hay que recordar que se precisa consentimiento escrito de la víctima para realizar la fotografía (que se incluirá en el atestado), ya que de otro modo podría vulnerarse el derecho a la propia imagen de la víctima y, en consecuencia, viciar de nulidad el acto Art. 11.1 LOPJ.

Se evitará publicidad indeseada a la víctima. En tal sentido, el artículo 63.1 de la LO 1/04, Integral de Violencia de Género, en la parte que interesa dice: Artículo 63. De la protección de datos y las limitaciones a la publicidad. 1. En las actuaciones y procedimientos relacionados con la violencia de género se protegerá la intimidad de las víctimas…

En consecuencia con lo anterior, si en algún momento se obtuviere de alguna víctima una fotografía no deseada, podría retirarse la pastilla, móvil o carrete del que así lo hiciera, con una exclusiva finalidad: la protección de la intimidad de la víctima. La pastilla retirada, sería remitida a la Autoridad judicial con un oficio en el que se motivara el por qué de la actuación, en virtud de lo establecido en el artículo citado.

Manifestación de la víctima

La primera cuestión es que la denuncia de una víctima de violencia de género (como de cualquier otra víctima), se admitirá siempre. No se puede –sea cual sea el motivo-, dejar de recibir la denuncia de la mujer maltratada. Tal comportamiento conlleva responsabilidad para el Policía, por la comisión de un delito de omisión del deber de perseguir delitos ex Art. 408 CP.

Tampoco cabe no recibir la denuncia porque la víctima, ante la terrible situación por la que está pasando y, el cúmulo de realidades que en ese momento se agolpan sobre ellas (dependencia económica, a veces emocional, etc.), diga que no quiere denunciar, alegando en algunos supuestos que tan sólo desea que “asusten a su marido para que no lo haga más”.

Todos los delitos de violencia de género (con algunas excepciones), son públicos, esto es: son perseguibles de oficio y, en consecuencia, aunque la víctima no manifieste su deseo de denunciar, la obligación para el policía es transmitir esa noticia a la Autoridad judicial, ya que de no hacerlo así puede incurrir en responsabilidad ex Art. 408 CP. Dado que la víctima no quiere materializar la denuncia, ese conocimiento se puede trasladar a la Autoridad judicial a través de la comparecencia del agente que oyó el hecho, con independencia de que posteriormente se aporten otros indicios tras la oportuna investigación.

Otra cuestión, íntimamente ligada a la anterior, es la llamada “retirada” de la denuncia. Expresiones tales como: “le quité le denuncia”, “fui a retirar la denuncia”, son comunes en la prensa y medios de comunicación. Sin embargo, en nuestro ordenamiento penal los delitos perseguibles de oficio (como es el caso de prácticamente la totalidad de los relacionados con violencia de género), no admiten el “perdón del ofendido”; la mal llamada “retirada de la denuncia”. No se puede retirar la denuncia y, si así se hiciere, el policía que lo llevare a cabo y no transmitiere la noticia recibida a la Autoridad judicial, puede incurrir en responsabilidad penal ex Art. 408 CP.

Luego, apuntado lo anterior, comienza el interrogatorio de la víctima, en el que es interesante considerar los extremos siguientes:

a) Datos de la víctima y del agresor

• Filiación de la persona o personas maltratadas.

• Domicilio y teléfono de contacto.

• Filiación del agresor o agresores.

• Domicilio y teléfono/s.

• Relación familiar, afectiva o de otro tipo entre la víctima y el agresor.

• Tiempo de convivencia.

• Profesión y situación laboral del agresor.

• Centro de trabajo.

• Situación económica del mismo.

• Comportamiento del agresor en el cumplimiento de las cargas familiares.

• Descripción del temperamento del agresor.

• Estado de salud (enfermedades, tratamientos médicos, etc).

• Adicciones, toxicomanías, etc del agresor.

• Lugares que frecuenta.

• Armas que posea (si conoce si su tenencia es legal o ilegal, y si debe portar armas debido a su trabajo).

• Vehículos que utiliza el agresor.

• Fotografía actualizada de la víctima o víctimas.

• Fotografía actualizada del presunto agresor.

b) Datos del grupo familiar

• Componentes del grupo familiar, en su caso, especificando si existen hijos, comunes o no, y si conviven con la pareja o no. Datos de identidad y edad de los mismos.

• Existencia de procedimientos civiles de separación o divorcio y, en tal caso, juzgado en el que se han tramitado o se están tramitando y medidas que se han adoptado en relación con el uso de la vivienda y la custodia de los hijos, si los hubiera.

• Situación laboral de la víctima.

• Situación económica de la víctima.

• Dependencia económica, en su caso, de la víctima respecto del agresor.

• Situación laboral de otras víctimas que convivan con ella (ascendientes, descendientes,…).

• Situación económica de otras víctimas que convivan con ella (ascendientes, descendientes…).

• Situación en que se encuentran los menores que de ella dependan, si los hay.

• Lugares que frecuenta la víctima o víctimas (lugares de trabajo, ocio, colegios, etc).

C) Datos de la vivienda y patrimoniales

• Régimen matrimonial (ganancial, separación de bienes,…), si estuvieran casados.

• Tipo de vivienda familiar (propiedad, alquiler, etc.).

• Medidas de seguridad con que cuenta la vivienda.

• Situación de la vivienda (en comunidad o aislada).

• Otras viviendas de su propiedad o del agresor.

• Vehículos propiedad de la víctima.

• Familiares o amigos que puedan prestarle cualquier tipo de ayuda

D) Hechos

• Descripción de los hechos. El relato de los hechos será cronológico, claro y preciso. Se solicitará a la víctima que exponga los hechos con sus propias palabras, sin modificar sus expresiones en atención a la eventual crudeza de las mismas.

• Lugar de los hechos.

• Fecha o fechas en que se produjeron.

• Motivos esgrimidos por el autor.

• Tipo de maltrato: físico, psicológico o moral. El maltrato ocasionado debe relatarse con todo tipo de detalles, huyendo de expresiones genéricas y reflejando lo más fielmente posible las palabras utilizadas, los insultos, las amenazas, etc…, así como las acciones que se hayan producido.

• Medios utilizados.

• Estado de salud de la víctima (enfermedades, tratamientos médicos, etc).

• Hechos anteriores similares, aunque no hayan sido denunciados.

• Denuncias formuladas por hechos anteriores. Si recuerda cuándo y ante quién.

• Si goza del amparo de alguna orden de protección.

• Si el maltrato se ha producido en presencia de menores.

• Si algún otro miembro de la unidad familiar o conviviente ha sido, igualmente, objeto de malos tratos por el denunciado. En caso positivo, se le informará de la posibilidad de solicitar Orden de Protección para tales víctimas.

• Testigos que puedan corroborar los hechos denunciados (familiares, amigos, vecinos, etc).

Información a la víctima

La información a la víctima de un delito de violencia de género, comprende tres estadios:

Primero.- Información genérica a toda víctima de un delito. Con carácter general se instruirá a la víctima del acta de ofrecimiento de acciones, en virtud de los Art. 771.1; 964; 109 y 110 LECr. El contenido de dicha información se contraerá a:

— Como víctima tiene derecho a mostrarse parte en el proceso, mediante el nombramiento de abogado y procurador o, en su caso, que le sea nombrado de oficio, y ejercitar las acciones civiles y penales que procedan, o solamente unas y otras, según le convenga. Este derecho deberá ejercitarse de forma inmediata y, en todo caso, antes de la calificación del delito.

— Aunque no haga uso del anterior derecho, el Ministerio Fiscal ejercitará las actuaciones civiles que correspondan, salvo renuncia expresa por su parte.

— Derecho a renunciar o no a la restitución de la cosa, reparación del daño e indemnización del perjuicio causado (Art. 109 Ley de Enjuiciamiento Criminal).

— Si el hecho que motiva la presente actuación fuere ocasionado por imprudencia o negligencia, ha de saber que el Código Penal exige para la iniciación del procedimiento su denuncia en el plazo de dos meses, cuando el resultado producido sea de daños a la propiedad. En el mismo plazo, deberá presentarse denuncia, o de sus herederos o perjudicados, si el hecho causare un mal a las personas, con la excepción de que la imprudencia fuere calificada como grave.

Información a víctimas de delitos dolosos violentos o contra la libertad sexual. Se les informará a las mismas de que pueden acogerse a la asistencia, ayudas y beneficios previstos en la Ley 35/95, de 11 de diciembre, para lo cual deberán dirigir la oportuna solicitud en el plazo de un año desde la comisión del hecho al Ministerio de Economía y Hacienda.

Información a toda víctima de violencia de género. Se informará a la víctima de que tiene los siguientes derechos en virtud de la LO 1/04, integral de violencia de género:

a) Derecho a la información: Tiene derecho a recibir plena información y asesoramiento adecuado a su situación personal, a través de los servicios, organismos u oficinas que dispongan las Administraciones Públicas.

b) Derecho a la asistencia jurídica. Si acredita insuficiencia de recursos para litigar, en los términos establecidos en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, tiene derecho a la defensa y representación gratuitas por abogado y procurador en todos los procesos y procedimientos administrativos que tengan causa directa o indirecta en la violencia padecida. En estos supuestos, una misma dirección letrada asumirá la defensa de la víctima. En todo caso, la ley garantiza la defensa jurídica, gratuita y especializada, de forma inmediata, a todas las víctimas de violencia de género que lo soliciten, sin perjuicio de que, si no se les reconoce con posterioridad el derecho a la asistencia jurídica gratuita, deberá abonar al abogado los honorarios devengados por su intervención.

c) Derecho a la asistencia social integral. Tiene derecho a la asistencia de los servicios sociales de atención, de emergencia, de apoyo y acogida y de recuperación integral. La asistencia implicará especialmente: información; atención psicológica; apoyo social; seguimiento de las reclamaciones de sus derechos; apoyo educativo a la unidad familiar; formación preventiva en los valores de igualdad dirigida a su desarrollo personal y a la adquisición de habilidades en la resolución no violenta de conflictos; y, apoyo a la formación e inserción laboral. También tendrán derecho a la asistencia social integral a través de estos servicios sociales los menores que se encuentren bajo la patria potestad o guarda y custodia de la persona agredida.

d) Derechos laborales y de seguridad social. Se reconocen una serie de derechos a las víctimas en sus trabajos atendido que sea autónoma, por cuenta ajena o funcionaria.

e) Derecho a la percepción de ayudas sociales. Recibirá una ayuda de pago único, equivalente al de seis meses, 18 y hasta veinticuatro meses –según los casos- del subsidio por desempleo

f) Acceso a la vivienda y residencias públicas para mayores. La mujer víctima de violencia de género será considerada dentro de los colectivos prioritarios en el acceso a viviendas protegidas y residencias públicas para mayores, en los términos previstos en la legislación aplicable.

Retirada de armas

Es indudable que procede la retirada de licencias y armas ante la comisión de un delito en el que se hayan utilizado las armas en virtud de lo estatuido en los Art. 127 CP y 334 LEcrim, procediendo a su comiso y entrega en la oportuna intervención de armas a disposición de la Autoridad judicial.

Art. 334 LEcrim: El Juez instructor procurará recoger en los primeros momentos las armas, instrumentos o efectos de cualquiera clase que puedan tener relación con el delito, y se hallen en el lugar en que éste se cometió, o en sus inmediaciones, o en poder del reo, o en otra parte conocida, extendiendo diligencia expresiva del lugar, tiempo y ocasión en que se encontraren, describiéndolos minuciosamente para que se pueda formar idea cabal de los mismos y de las circunstancias de su hallazgo. La diligencia será firmada por la persona en cuyo poder fueren hallados, notificándose a la misma el auto en que se mande recogerlos.

Art. 127 CP: Toda pena que se imponga por un delito o falta dolosos llevará consigo la pérdida de los efectos que de ellos provengan y de los bienes, medios o instrumentos con que se haya preparado o ejecutado, así como las ganancias provenientes del delito o falta, cualesquiera que sean las transformaciones que hubieren podido experimentar. Los unos y las otras serán decomisados, a no ser que pertenezcan a un tercero de buena fe no responsable del delito que los haya adquirido legalmente.

Hay que precisar que usar un arma comprende: disparar, amagar su uso, etc. En resumen, cualquier acto que suponga su uso o amenaza de su uso.

Si las armas no se hubieren utilizado en modo alguno y, la víctima solicitare –por temor normalmente- que se retirasen las armas a su agresor, se retirarán las armas y licencias al agresor, como medida de protección a la víctima, en virtud de lo establecido en el artículo 67 de la LO 1/04, de 28 de Diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género:

“El Juez podrá acordar, respecto de los inculpados en delitos relacionados con la violencia a que se refiere esta Ley, la suspensión del derecho a tenencia, porte y uso de armas, con la obligación de depositarlas en los términos establecidos por la normativa vigente”.

Procede por tanto la retirada cautelar del arma por la Policía Judicial, su depósito y, la inmediata dación de cuentas a la Autoridad judicial por si la misma estima pertinente acordar lo dispuesto en el artículo citado.

Valoración del riesgo

Siempre que se tenga conocimiento de un episodio de violencia de género, la actividad policial se dirigirá a determinar:

– Los factores referidos a la violencia sufrida por la víctima.

– Las relacione mantenidas con el agresor.

– Los antecedentes del propio agresor y su entorno.

– Las circunstancias familiares, sociales, económicas y laborales de la víctima y el agresor.

– La retirada de denuncias, la reanudación de la convivencia y la renuncia de la víctima al estatuto de protección concedido.

Estimación de la evolución del nivel de riesgo

Para mantener actualizada la evaluación del riesgo, los funcionarios o unidades encargadas de la protección de las víctimas llevarán a cabo periódicamente nuevas valoraciones, realizando, de ser necesario, nuevas entrevistas con al víctima y personas de su entorno.

Cuando haya nueva información significativa sobre los factores valorados inicialmente, se realizará la nieva valoración utilizando el formulario VPR.

A continuación, se cumplimentará el formulario de Valoración Policial de la Evolución del Riesgo (VPER).

En todo caso, se adoptará como nivel de riesgo actual el resultante de la evaluación más reciente.

Se realizarán las siguientes valoraciones periódicas:

– Nivel “extremo”, cada setenta y dos horas

– Nivel ‘alto’, cada siete días.

– Nivel ‘medio’, cada treinta días

– Nivel ‘bajo’, cada sesenta días

También se realizarán nuevas valoraciones en los siguientes casos:

– A solicitud de la Autoridad Judicial.

– A solicitud del Ministerio Fiscal.

– Cuando se conozcan cambios significativos en las circunstancias y/o conducta de la víctima o del agresor.

El resultado de la valoración se hará constar en diligencia. En los casos en los que el nivel de riesgo sea ’medio’, ‘alto’ o “extremo, se recogerá también en la diligencia un informe sobre los principales factores de riesgo apreciados.

En caso de discrepancia entre las medidas de protección policial acordadas por el órgano judicial y las que resulten de la valoración de riesgo policial, se aplicarán siempre las acordadas por el órgano judicial y se informará de inmediato a la autoridad judicial de la discrepancia existente para que acuerde lo que proceda.

Cuando se estime, a través de los formularios de valoración y de evolución, que han desaparecido o que han remitido las circunstancias que ponían en riesgo a la víctima (nivel de ‘riesgo no apreciado’), se comunicará por diligencia a la Autoridad Judicial, informando sobre los factores determin

 

antes de tal valoración.

Escrito por Jaicar

Policía Local de La Guancha. Copyrigth 2013

Link a enlace http://www.policiaguancha.com/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=279&Itemid=157

 

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