Violencia sexual y nuevas guerras (parte II)

El conflicto social prolongado

La violencia sexual tiene lugar dentro de las nuevas guerras para permitir alcanzar, en apoyo o por sí misma, los objetivos militares y/o políticos que motivaron el conflicto y sin embargo, sus consecuencias se prolongan en el tiempo no permitiendo alcanzar una paz sostenible y duradera.

Violencia_en_ColombiaAdemás esta nueva forma de entender «las nuevas guerras» no se debe a ninguna política exterior de los Estados, ni a la seguridad de los mismos, ni a la construcción de un estado, ni a la gobernabilidad, ni a la nacionalidad ni al honor, sino que forma parte de las nuevas guerras donde la violencia no está en manos del Estado y donde el fin del conflicto no persigue la construcción de un Estado más bien su destrucción (9).

En este marco de «desestatalización» de la guerra, sociedades donde existan patrones socioculturales fuertemente arraigados en la diferencia de género, alcanzará durante los períodos de conflicto armado su máxima expresión. En consecuencia el origen estructural causante del conflicto descansa en lo interno de las estructuras sociales básicas y que en ausencia o disfunción del estado serían las familias, grupos étnicos, tribus, grupos rebeldes o armados, etc., quienes practiquen la violencia sexual como táctica de guerra, precisamente donde están arraigados estos patrones socioculturales.

Aceptado el origen del conflicto social y cuando su aplicación generalizada y sistemática forma parte de un plan preconcebido para alcanzar unos objetivos militares y/o políticos sobre comunidades a tenor de criterios étnicos, raciales, religiosos, sociales o culturales obligándoles a vivir a la sombra del miedo, persecución y la masacre, el resultado (10) es la «lucha» de estas comunidades por necesidades básicas tales como el derecho a la vida, la seguridad, la justicia, el reconocimiento, la aceptación o el acceso al sistema económico y político.

Puesto que las consecuencias de la aplicación de la violencia sexual como método se dejan notar a largo plazo (dispersión, reasentamiento, dominación, muerte, etc.), las precondiciones que le confieren el carácter de conflicto social prolongado no se dan por finalizadas una vez detenido todo tipo de actividad sexual violenta o conflicto armado, sino cuando los objetivos, finalidades o efectos que persigue tal táctica quedan anulados.

En definitiva, la violencia sexual debe ser entendida como un fenómeno que prolonga el conflicto en el tiempo amenazando a la paz entendida ésta como el triunfo de los derechos humanos y de la justicia social.

En primer lugar la satisfacción comunitaria, donde la población implicada en conflictos sociales prolongados crean sus propios grupos de identidad.

Estados autoritarios que empleen el poder en su beneficio o Estados débiles incapaces de efectuar un control efectivo sobre sus Fuerzas Armadas, policiales o incluso la misma sociedad como parte beneficiada del conflicto, y dónde se actúe sometiendo a la/s comunidad/es para alcanzar sus objetivos como supone la práctica de la violencia sexual; es un ataque contra la satisfacción comunitaria donde la relación entre dichos grupos y el Estado se convierte en el problema produciendo la desarticulación entre Estado y Sociedad.

Además la satisfacción comunitaria, en los términos de separación entre grupos sociales y Estado, incluye la confianza de los individuos depositada en sus grupos sociales para disponer de las necesidades básicas humanas. La agresión contra las mujeres es un ataque al «corazón» de los grupos sociales incapaces de proporcionarles la seguridad necesaria.

En segundo lugar, la privación de la necesidades humanas que supone la práctica de la violencia sexual. La transmisión de enfermedades mortales, el rechazo social y la mutilación de órganos reproductores atacan directamente a la supervivencia del grupo social en el tiempo, inclusive finalizado el conflicto armado.

A la privación de la vida que supone esta práctica habrá que sumarle todas aquellas consecuencias del conflicto armado, privación del desarrollo social, político y económico y/o privación de la identidad cultural o religiosa.

Esta precondición es especialmente importante al tratar de las necesidades de la persona que por definición no son negociables, tensando el conflicto social donde puede rebrotar la violencia.

En tercer lugar la gobernabilidad, muy relacionado con las dos precondiciones anteriores. Gobiernos dominados por determinados grupos sociales o etnias, o por aquellos que hayan conseguido monopolizar el país o parte del territorio acaban por crear una «crisis de legitimidad» en relación a su sociedad. Si además en los patrones socio, culturales existe una práctica arraigada de la diferencia de género, se crean las condiciones adecuadas para incentivar la práctica de la violencia sexual por parte de estos grupos sociales o etnias dominantes e incluso de sus Fuerzas Armadas y Policiales.

Finalmente, los vínculos internacionales. La práctica de la violencia sexual en las nuevas guerras no está exenta de sus vínculos internacionales.

En la era de la globalización y el rápido acceso a los mercados internacionales hacen, de la explotación sexual y tráfico de blancas a través de las redes de crimen organizado, un negocio muy lucrativo de los grupos dominantes o en el poder y que durante el conflicto armado apoya su sostenimiento económico.

La violencia sexual en las nuevas guerras, como violencia organizada es una forma o método de violencia que se suma a las propias dentro de un conflicto armado, sin embargo no puede considerarse de forma general una continuación del conflicto armado por otros medios/tácticas o también estrategias.

La violencia sexual como táctica de guerra no debe ser entendida como una práctica que pueda crear un conflicto dentro de otro conflicto o dar continuidad al conflicto por otros medios diferentes al empleo de las armas, más bien como un como un conflicto social que pudiera derivar en rebrotes esporádicos de violencia en la «lucha» de las comunidades por sus necesidades básicas.

El derecho a proteger

El debate abierto en la comunidad internacional en referencia al «derecho a proteger» es un claro indicio de lo mucho que ha cambiado la sociedad y las naciones en general desde la creación de la Organización de Naciones Unidas (ONU). En realidad es un debate enmarcado desde unos nuevos estándares de conducta para los Estados y para los individuos, donde no se reconoce tan sólo la seguridad de los Estados sino también la de las personas, la «seguridad humana», todo ello dentro de marco institucional que persigue la actuación internacional efectiva.

El concepto de seguridad humana ha generado nuevas demandas y expectaciones en referencia al modo en que los Estados tratan a su propia gente, sin embargo son los principales responsables de su seguridad. La seguridad humana se aleja de la perspectiva de seguridad de los Estados para focalizarse en las amenazas hacia la vida humana. La vida humana se convierte en el bien jurídico a proteger pero no vinculado exclusivamente a la seguridad de la vida, es seguridad física, económica, social, respeto de la dignidad como personas humanas, protección de los derechos humanos y libertades fundamentales.

Es un concepto complejo cuando son muchas las amenazas (11) a la vida y cuando ostenta una vertiente subjetiva, al no tener la misma percepción de las necesidades para disfrutar de una vida segura un ciudadano de Europa occidental que un ciudadano del tercer mundo. Sin embargo, parece posible definir el umbral a partir del cual la seguridad de la vida no esté garantizada y en el que los conflictos armados están directamente vinculados.

Un aspecto común de estas amenazas (12) es que no pueden considerarse como acontecimientos aislados y confinados dentro de las fronteras de los Estados cuyas consecuencias se dejan notar en el ámbito regional, internacional y mundial. Sin embargo, las soluciones sí las pueden aportar los Estados dentro de sus límites soberanos abogando por un concepto de seguridad más colectivo que permita responder a éstas teniendo en cuenta los intereses de los Estados en materia de seguridad.

violencia-sexual-arma-letal-el-conflicto-nota-L-wOxhoDLa soberanía implica una doble responsabilidad, una externa que permite respetar la soberanía de los diferentes Estados y una interna que permite garantizar los derechos y dignidad de todos sus ciudadanos y personas dentro de su Estado. No debemos olvidar las especiales referencias que realiza la Carta de Naciones Unidas al respecto, tanto en su artículo 2.1 sobre la igualdad soberana de los Estados y el artículo 2.7 sobe la norma de no intervención en los asuntos internos de los Estados. La violación del deber de los Estados de no interferir dentro de sus fronteras jurisdiccionales conllevaría el derecho de defender su integridad territorial y su independencia política. Si la intervención invocando el derecho a proteger es un ataque a la soberanía, ¿cuál es la actuación que evite situaciones como la de Srebrenica o Ruanda?

En la defensa de la soberanía del Estado, ésta no puede incluir un uso ilimitado del poder contra su pueblo. En la actualidad no se admite dentro de la comunidad internacional que violaciones graves y masivas de derechos humanos sean un asunto exclusivamente interno de un Estado.

Puesto que la responsabilidad principal es del Estado, su falta de actuación o de interés o incluso como autor material de dichas violaciones, convierte a la comunidad internacional en responsable subsidiario (13), en cuyo caso la responsabilidad de proteger de la comunidad internacional tendrá prioridad sobre el principio de no intervención.

El Consejo de Seguridad da luz a la actuación de otros Estados cuando tales situaciones puedan ser calificadas como «amenaza para la paz y seguridad internacionales» donde el recurso del uso de la fuerza puede ser autorizada en casos de graves violaciones y exclusivamente en virtud del Capítulo VII de la Carta.

Es en este contexto es donde se presenta la mayor dificultad para aceptar la intervención ante el derecho a proteger. La pasividad de los Estados puede convertirlos en meros espectadores de crímenes contra la humanidad, en cambio su intervención para proteger, en ocasiones requerirá ponerse de un lado dentro del conflicto armado interestatal rompiendo con la neutralidad y la imparcialidad de las fuerzas participantes. En consecuencia los principios empleados para ejecutar operaciones de paz puede que no sean tan válidas en intervenciones cuyo objeto sea la protección de población amenazada o víctima de genocidio.

Este nuevo modelo de intervención cubre un espacio vacío entre las tradicionales operaciones de paz y los conflictos de alta intensidad, en escenarios donde los conflictos interestatales ya no son tan frecuentes y se deba intervenir dentro de la jurisdicción y soberanía de un Estado.

La intervención bajo el «derecho a proteger» es un avance con respecto a las intervenciones bajo el «derecho a intervenir», supone un cambio (14) de perspectiva puesto que el enfoque es sobre aquellos que necesitan la protección y no desde la consideración de la intervención, evita la concepción de confrontación que intrínsecamente encierra la terminología «derecho o deber de intervención» por una concepción donde el principal responsable de la protección es el Estado y la intervención se produce si y sólo si el Estado es incapaz proteger o partícipe de los actos contra la vida. Finalmente la responsabilidad de proteger no solamente se limita a la «responsabilidad a reaccionar» también implica la «responsabilidad de prevenir» y la «responsabilidad de reconstruir» (15).

Esta nueva perspectiva implica un amplio abanico de acciones y respuestas, de corto, medio y largo plazo desde la prevención de la amenaza hasta la reconstrucción para evitar situaciones recurrentes sin olvidar la reacción, medidas coercitivas tanto políticas, económicas, judiciales o militares. En consecuencia la intervención militar solamente deberá contemplarse en casos de extrema gravedad donde se vea amenazada la población civil.

La intervención militar debe entenderse como un recurso extremo y aceptable cuando se cometa o sea previsible un daño masivo contra la población civil y el Estado en cuestión no disponga de la capacidad o voluntad de poner fin al daño o constituye la amenaza, sin embargo, este nuevo concepto no soluciona aspectos fundamentales de las intervenciones en otros países soberanos como es la legitimidad, la autoridad, la capacidad de intervención y la voluntad política.

En este capítulo se hará referencia a los dos primeros aspectos en relación a la aplicación de la violencia sexual como causa que justifique la intervención militar. Los otros dos aspectos, la capacidad de intervención y voluntad política se separan del objeto del estudio puesto que dependen de medios, posibilidades y decisiones no cuantificables que permitan determinar la posibilidad u obligatoriedad de la intervención.

 

Autoridad

Aceptado un sistema universal cuyo objetivo primordial es garantizar la paz y seguridad internacionales ratificados en la Carta de Naciones Unidas del año 1945, la institución más idónea en su manejo dentro de todo el espectro de la paz, seguridad y protección humana es la ONU.

La ONU establece un sistema de seguridad colectiva que descansa primordial pero no exclusivamente en el Consejo de Seguridad. No es exclusivo cuando la Carta delega una responsabilidad general (16) y específica (17) relativa al mantenimiento de la paz y seguridad internacionales en la Asamblea General a pesar del carácter recomendatorio de sus decisiones.

No obstante el Consejo de Seguridad como único órgano de decisión es ampliamente criticado por no responder a las necesidades de la población en el mundo, por no ser responsable ante la Asamblea General y no estar sujeto a supervisión judicial. El debate de la reforma hacia un modelo más representativo ayudaría a dotar de mayor credibilidad y autoridad en la implementación de las acciones pero no necesariamente mejoraría y facilitaría el proceso de decisión. Además la difícil solución de este aspecto cuestiona la necesidad de buscar nuevas alternativas al Consejo de Seguridad o más bien nuevas alternativas a su funcionamiento (18).

 

A pesar de lo anterior, la ONU se presenta incuestionablemente como la principal institución en el empleo de la autoridad de la comunidad internacional donde sus miembros acuerdan sus códigos de conducta y normativas legales para la preservación de la paz y seguridad internacionales.

En este sentido, la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 1820 (2008) cita que la finalidad de dicha resolución, «acogiendo con beneplácito la coordinación de las iniciativas dentro del sistema de Naciones Unidas», es concienciar sobre la violencia sexual durante y después de los conflictos armados y en última instancia ponerle fin.

No obstante, no debe ser entendido dentro del concepto lineal del conflicto armado, preconflicto, conflicto y posconflicto, donde la actuación solamente se llevara a cabo iniciado el enfrentamiento.

La interpretación deber realizarse dentro del «continuum guerra-paz» donde tiene cabida toda la gama de conflictos, en el que las medias contra la violencia sexual, como conflicto social prolongado, aplicadas después del conflicto armado son precisamente las medidas preventivas ante el siguiente conflicto armado.

Bajo esta perspectiva, serían de aplicación todas las medidas preventivas

(19) necesarias para la prevención de conflictos, desde las medidas preventivas operacionales (20) que permiten hacer frente a una situación determinada en el corto y muy corto plazo para tratar de detener la aplicación de la violencia sexual, así como las medidas preventivas estructurales orientadas a contrarrestar las causas profundas que motivan su práctica desde sus patrones u orígenes socioculturales.

Las medidas preventivas operacionales otorgan la posibilidad de asumir a los Estados, junto con medidas adicionales de las organizaciones internacionales, de asumir su responsabilidad como tales en la lucha contra la violencia sexual o exonerarse de toda responsabilidad mediante la captura y castigo de los agresores de acuerdo con sus leyes o la entrega a los tribunales internacionales de justicia.

A su vez, estas medidas, permiten la determinación de hechos (misiones de investigación) sobre el terreno para recoger evidencias y demostrar el carácter generalizado o sistemático de la violencia sexual así como la posible agudización del conflicto.

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Adviértase que no todas las opciones son igualmente satisfactorias sin embargo, su aplicación podría impedir el recurso de la intervención militar y un posible ius ad bellum por parte del Estado afectado En referencia al despliegue preventivo de operaciones de apoyo a la paz, su carácter preventivo y de protección, confiere inherentemente a una fuerza militar la actitud defensiva sin que para ello exista un móvil de conquista, ocupación, derrocamiento del régimen (todos ellos objetivos ilegítimos), tan sólo de garantizar la seguridad humana. No obstante su condición de presencia no consentida puede suponer el inicio de las hostilidades contra la fuerza de protección por parte de fuerzas regulares, grupos paramilitares o terroristas o del Estado como colaborador necesario que diera cabida al empleo de la fuerza más allá de la legítima defensa e interpretarse como un ius ad bellum del Estado afectado.

 

Legitimidad

La decisión de aplicar la autoridad solamente puede realizarse por agentes legítimos. Intervenciones colectivas con el beneplácito de Naciones Unidas son consideradas legítimas por estar fundamentadas en la representatividad internacional durante la intervención y con la aprobación del

Consejo de Seguridad, donde solamente se admite la intervención con la autorización del Consejo en virtud del Capítulo VII de la Carta. Una intervención unilateral es vista como ilegítima por ser considerada en beneficio de los intereses individuales de quién la lleva a cabo.

Sin embargo, la presencia de autoridad suficiente respaldada por una resolución, como la 1820 (año 2008) donde se reconoce la violencia sexual aplicada en los conflictos armados en los términos de este estudio, como una amenaza a la paz y seguridad internacionales y por ende justifica la intervención, no soluciona la cuestión del ejercicio del derecho a veto.

Nuestra historia reciente recoge las desastrosas consecuencias de la rigidez del derecho vigente, cuando es difícil pensar en su modificación a la par es inaceptable que hechos semejantes vuelvan a repetirse.

La parálisis del Consejo de Seguridad es abordable desde una doble perspectiva, la primera mediante la aplicación de un «código de conducta de los cinco miembros permanentes» donde si sus intereses nacionales no están implicados no emplearían su derecho a veto, «la abstención constructiva» y la segunda mediante la incorporación de criterios de legitimidad a la rigidez de la legalidad vigente que evite amenazar la validez jurídica de la Carta.

Los antecedentes los encontramos en las intervenciones militares de Kosovo en 1999 y en Liberia año 1989 (CEDAO) donde se llevó a cabo son das intervenciones sin autorización del Consejo de Seguridad. Como cita el Informe de la Comisión Independiente sobre Kosovo, la acción de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) no fue legal pero sí legítima por ser necesaria, agotada la vía diplomática existía riesgo de una catástrofe humanitaria.

Es decir la aplicación de criterios de legitimidad que permita superar las barreras legales, ante la parálisis del Consejo, con una clara intención humanitaria permitiría la intervención militar y su reconocimiento expost (21) más que una declaración de condena. Este criterio de legitimidad es implícitamente reforzado por el carácter multinacional de la intervención, cuando intervenciones unilaterales pudieran ser cuestionados por razones de interés geoestratégicos.

A través de Infantes de Marina Honor al Soldado

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