“Hay múltiples salidas de la violencia, la ley sólo plantea una”

No se está garantizando el derecho a una vida sin violencia.

María Naredo es autora de los informes sobre el impacto de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género en España que ha publicado Amnistía Inter­nacional. Esta labor le ha permitido seguir de cerca cómo ha sido la implementación de la Ley Integral de Violencia de Género en estos ocho años. Repasamos con ella algunas de las carencias de la ley desde su propia concepción.

¿Desventajas de colocar el acento en la sanción?
La ley consolida una cosa que para mí es grave: el certificado –entre comillas– de mujer maltratada es la orden de protección. Eso lleva a las mujeres a la denuncia como único camino. El Consejo de Europa dijo ya hace diez años a los Estados que tenían que garantizar el acceso de las mujeres a todos los derechos, tanto si denuncian como si no, y que, si no lo hacían, incurrían en discriminación. Pero lo que aquí se ha hecho es plantear un solo itinerario: la denuncia y la orden de protección, cuando las mujeres que reúnen estos dos requisitos no llegan ni a un 5%.

La ley termina en la sanción, cuando para muchas mujeres el camino arduo empieza después de ésta. No aborda la reparación, que tendría que implicar la recuperación, pero completa, más allá de una terapia de diez sesiones en la Concejalía de la Mujer.

Y está la indemnización. Las mujeres se empobrecen de una manera impresionante cuando salen de la violencia, por eso es importante una ley que garantice, al margen de lo que diga una sentencia, una compensación por determinadas secuelas. Y, en tercer lugar, las garantías de no repetición. Ahora estamos encontrando a mujeres escondidas porque no han logrado la protección, y no son una ni dos. En el último informe, incluimos el caso de una mujer de 29 años cuyo agresor fue absuelto por falta de pruebas (cuando estuvo seis meses sin poder andar, con partes médicos): sigue amenazada y se ha tenido que ir a otra comunidad, vive sin empadronarse. O el caso de una mujer superviviente de un intento de asesinato: su agresor está ahora saliendo de permiso y ella se ha tenido que esconder. Son mujeres que tienen todo el derecho a vivir una vida libre de violencia y están viviendo unas vidas que son como la mitad de una vida.

La ley no sólo no garantiza todo el proceso desde la protección a la reparación, sino que niega toda capacidad a las mujeres.
El enfoque feminista y el de los derechos humanos es importantísimo porque coloca a las mujeres en posición de titular de derechos y al Estado en la posición de garante de esos derechos con todos los medios a su alcance. La aplicación de la ley a menudo no ha obedecido a un enfoque de derechos humanos, empoderador, sino más bien a un enfoque asistencialista, en el que las mujeres son vistas como beneficiarias, que tienen que encajar en un cliché.

Los derechos no llegan todas las mujeres, ¿se da una discriminación?
Para evaluar los recursos de atención utilizamos tres estándares: disponibilidad (número de plazas), accesibilidad y calidad. Pero ves cómo se cierran centros porque hay plazas vacantes… claro, es que la accesibilidad no está garantizada. El desarrollo de la Ley Integral no ha promovido criterios de accesibilidad, ¿Cómo que sólo pueden acceder mujeres con determinadas características? ¿Qué es esto de que se cierre el único centro que había para mujeres drogodependientes víctimas de violencia de género en Madrid? Y la calidad es otro tema, ¿cómo se está tratando a muchas mujeres en centros de acogida? Debería haber, a nivel de Estado, un acuerdo entre todas las comunidades autónomas, asesorado por organizaciones feministas, de cuáles son los criterios de calidad de todos los centros de atención, de acogida, de emergencia. Y una evaluación, porque nadie rinde cuentas a nivel estatal ni a la sociedad.

Si no denuncias eres cómplice y aunque denuncies tienes que demostrar que has sido violentada, ¿es así?
El relato de la mujer necesita cada vez más ser refrendado por una autoridad externa, que tiende a ser la judicial. Los poderes públicos deberían tener claro que hay múltiples itinerarios de salida y que decirles cuál es el itinerario a seguir para salir de la violencia es infantilizar y tutelar a las mujeres. Eso lo veo mucho con mujeres mayores: no van a denunciar al señor con el que han convivido 50 años, lo que hay que plantearles es que vayan recuperando su espacio propio y que, si es posible, se separen, se divorcien. Pero llevarles a la vía de la denuncia es muy duro. Hay muchas necesidades de información, de atención, de acompañamiento que deberían priorizarse, tanto si las mujeres denuncian como si no lo hacen. Hay mujeres que me han dicho: “Denuncié y estaba hecha unos zorros. Si hubiera podido recuperarme psicológicamente hubiera ido de otra manera a juicio”. Pero ahí la resistencia judicial es grande y surge la desconfianza: ‘¿Usted por qué no denunció antes?’.

Se está dando una violencia institucional por las que las mujeres vuelven a ser víctimas.
Cuando llegan al ámbito judicial y se les piden pruebas, debería ser el juzgado el encargado de conseguirlas. Hay casos en los que la mujer se compra una grabadora y no sirve como prueba, ¿es el rol de la mujer hacer eso?
Algo que la justicia no está proporcionando es el reconocimiento. Muchas mujeres dicen que no quieren una pena de cárcel para sus agresores, lo que quieren es que se les reconozca el sufrimiento que llevan y, claro, que se les trate con respeto. Las campañas te dicen: “La violencia psicológica también es violencia de género”, pero luego llegas al juzgado y ahí la violencia psicológica no se reconoce. Y eso es muy frustrante. Ha fallado la formación de todo el sector judicial, y estoy hablando de la formación obligatoria. También ha fallado la rendición de cuentas frente a las malas prácticas: ¿Qué está pasando no sólo con los jueces y juezas, también los abogados, abogadas, cuyos comportamientos y decisiones imprimen una doble y triple violencia hacia las mujeres? La ley se planteó todo el tema de la prevención y la educación, pero no se le dedicó ni el presupuesto ni el interés que necesitan.

maria_naredo_olmo_calvo

Múltiples violencias en cifras

45% de las denuncias presentadas en 2011 por violencia de género se archivaron y las sentencias condenatorias cayeron a la mitad.

8 de cada diez denuncias en Euskadi contra la libertad sexual son agresiones o abusos sexuales. Denuncian mayormente mujeres jóvenes.

50% de las violaciones denunciadas en Euskadi en 2009 ocurrieron en domicilios (de la víctima o del agresor), no en descampados, como se suele pensar. Los agresores denunciados son muy jóvenes.

1.508 mujeres fueron identificadas como tratadas con fines de explotación sexual en el Estado español en 2012 y 133 hombres según un informe del Defensor del Pueblo.

Nieves Salobral y Soraya G. Guerrero. Madrid / Redacción

Link a enlace https://www.diagonalperiodico.net/panorama/hay-multiples-salidas-la-violencia-la-ley-solo-plantea.html

 

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