La violencia de género: la construcción de un marco feminista de interpretación (Parte III)

La elaboración de un marco estructural: los radicales años sesenta

Los sesenta fueron años de intensa agitación política y de cambios sociales y culturales, años en que bajo el eslogan “lo personal es político” cambió el propio concepto de lo político. Los movimientos sociales se erigieron en protagonistas de la lucha contra un Sistema (con mayúsculas) que se legitimaba en la universalidad de sus principios y que era en realidad clasista, sexista, racista e imperialista. Y además hipócrita y aburrido. El movimiento feminista, uno de los más combativos, fue muy plural y desarrolló tan diversas formas de acción como de planteamientos teóricos. Fue el feminismo radical el que elaboró un marco estructural desde el que explicar el sentido y el alcance de la violencia contra las mujeres (Amorós y de Miguel, 2005).

Desde el feminismo radical se elaboró el concepto de patriarcado, con el que se hacía explícita la existencia de un sistema de dominación basado en el sexo-género e independiente de otros sistemas de dominación. Se consumaba así la autonomía de un movimiento subsumido entonces en la lucha de clases y calificado como una “contradicción secundaria”. El sistema patriarcal presenta formas de opresión y legitimación propias y distintas, no sólo relacionadas con la desigualdad en la esfera de lo público sino muy fundamentalmente con las prácticas que tiene lugar en la esfera de lo privado. Las feministas radicales ampliaron el concepto de lo político al extenderlo a todo tipo de relaciones estructuradas por el poder, como las que se dan entre varones y mujeres.

En su obra Política sexual, Kate Millett escribe: “No estamos acostumbrados a asociar el patriarcado con la fuerza. Su sistema socializador es tan perfecto, la aceptación general de sus valores tan firme y su historia en la sociedad humana tan larga y universal, que apenas necesita el respaldo de la violencia”. Y, sin embargo, continúa Millett “al igual que otras ideologías dominantes, tales como el racismo y el colonialismo, la sociedad patriarcal ejercería un control insuficiente, e incluso ineficaz, de no contar con el apoyo de la fuerza, que no sólo constituye una medida de emergencia, sino también un instrumento de intimidación constante” (Millett, 1975: 58). También identifica el problema de la invisibilidad de la violencia y de la indulgencia con que son tratados sus casos. Por un lado, remiten casi siempre al pasado y se observan como prácticas exóticas o primitivas; por otro, los casos presentes se interpretan como “extravíos individuales, patológicos o excepcionales, que carecen de significado colectivo”. Desde el marco de interpretación propuesto por Millett la violencia contra las mujeres deja de ser un suceso, un problema personal entre agresor y víctima para definirse como violencia estructural sobre el colectivo femenino. La violencia tiene una función de refuerzo y reproducción del sistema de desigualdad sexual. Su amenaza doblega la voluntad de las mujeres, cercena sus deseos de autonomía. Ahora bien, la formulación de estas tesis, que hoy nos resultan ya familiares, requería en su momento una más que notable “imaginación feminista”. Como bien señalara Millett el proceso de socialización era casi perfecto. Si la mayoría de las mujeres en los años sesenta no percibían que sus elecciones, casi siempre opuestas a las de los varones, fueran fruto de la coacción, ni percibían como una anomalía democrática su exclusión de los centros de poder, menos aún podían creer que la violencia patriarcal fuera una amenaza colectiva. Era algo que les sucedía a algunas mujeres desdichadas, a las víctimas.

Otra de las obras clásicas de la época desarrollará las misma tesis de Millett de forma más concreta y explícita. Contra nuestra voluntad de Susan Brownmiller tratará de demostrar cómo el miedo a la violación condiciona el comportamiento cotidiano de todas las mujeres, y cómo en este sentido todas son víctimas de la violación. Además nos interesa muy especialmente el caso de Brownmiller porque representa como nadie la autoconciencia del giro interpretativo que estaba protagonizando el feminismo. “Escribí este libro porque soy una mujer que cambió de idea respecto a la violación”. En el prólogo explica la génesis de la su investigación, a la que se acercó inicialmente con los prejuicios de la época. Periodista de profesión había realizado en 1968 un reportaje sobre un caso de violación interracial con ramificaciones políticas. En ese artículo había adoptado la perspectiva de sospechar de la víctima. Realizó muchas entrevistas, pero nunca intentó hablar con la víctima, sencillamente no sentía afinidad alguna con ella ni debía parecerle necesario. Brownmiller explica que esta perspectiva era la normal en el ambiente en que se movía: el movimiento de derechos civiles, las hazañas de los abogados defensores, y, por supuesto “la simpatía psicológica por los acusados”, tema crucial sobre el que volveremos en el siguiente apartado. El giro copernicano tendría lugar en una de aquellas reuniones de mujeres feministas. Leemos: “De modo que cuando un grupo de amigas mías habló sobre la violación una noche de Otoño de 1970, estuve a punto de gritar. Yo sabía qué era y qué no era la violación. La violación era un crimen sexual, el producto de una mente enferma, trastornada. La violación no era un problema feminista, era… bueno, ¿qué era?” (Brownmiller, 1981: 8)

Plantear este interrogante, querer volver a pensar unos hechos que ya estaban catalogados por la ciencia, la criminología y toda la opinión pública de la época es lo que constituye el comienzo de una visión alternativa, feminista de la realidad. Encontrar respuesta a este interrogante es lo que conduce a Brownmiller a una investigación que cuenta con más de 400 páginas. En ellas analiza exhaustivamente la violencia en las guerras tanto en las dos guerras mundiales como en conflictos contemporáneos de Bangladesh y Vietnam. También la violación en grupo, el mito del violador heroico y, por fin, el tema de las víctimas. Las conclusiones de su estudio representan, como decíamos, el paso de la interpretación patriarcal a la feminista. La violación forma parte del proceso de intimidación masculina del que son víctimas todas las mujeres, no sólo las que han sido violadas. El sentido de esta tesis se hace patente cuando consideramos que mujeres que nunca han sido violadas muestran una ansiedad y miedos similares a las que sí lo han sido, y que para evitar la mera posibilidad tienen que aceptar limitar considerablemente su autonomía en el espacio público.

No salir de noche ni por lugares solitarios, no volver tarde del trabajo, no abrir la puerta a desconocidos, no entrar con un varón a un ascensor, si viven solas no escribir el nombre en el buzón. Estos son algunos de los consejos dados por una publicación de la época para minimizar los riesgos de victimización. Pero hay otro que subyace a todos ellos: es posible que una mujer realice tranquilamente todas las actividades anteriores siempre y cuando esté acompañada de un varón. Según este análisis el mensaje de la violencia o la violencia latente contra las mujeres está muy clara: una mujer “sola” está en peligro. Y funciona como un mecanismo eficaz para retenerlas en el espacio que siempre les asignó el patriarcado: el espacio privado. Como ha señalado Amorós, en una sociedad patriarcal la mujer que no pertenece a ningún varón en particular pertenece potencialmente a todos, es la célebre “mujer pública” (Amorós, 1990). También es cierto que los datos de la violencia de género muestran que la situación de la “mujer privada” tampoco carece de peligros y remiten a la crítica feminista a la institución matrimonial.

Este trabajo fue considerado, en su día, exagerado y radical. Y, sin embargo, hoy, el propio Giddens en su muy difundido manual de Sociología expone sus conclusiones como una parte más del conocimiento académico. Por otro lado este planteamiento sobre la violación puede recibir la objeción de que los violadores son, en su mayoría, varones con patologías diversas y que la mayoría de ellos repudian este delito. Este tipo de objeciones no parecen comprender la clave del planteamiento feminista de la violencia. No se mantiene que todos los varones sean violadores en potencia sino que la violación forma parte de un sistema del que no sólo interesa conocer la figura del violador sino otros aspectos del mismo como son las respuestas judiciales y de la opinión pública. Y las sentencias, supuestamente dictadas por personas “normales”, tradicionalmente han culpabilizado a las víctimas (Osborne, 2001). Y la opinión pública, compuesta también por mujeres, tradicionalmente ha trivializado la agresión y dudado de la falta real de consentimiento.

 

Del marco teórico a las reivindicaciones políticas: el debate en torno al derecho penal

El avance hacia sociedades más igualitarias junto con la progresiva aceptación de los marcos de interpretación desarrollados por el movimiento feminista explican, en buena medida, la deslegitimación de la violencia contra las mujeres y su reconceptualización como un problema social. Sin embargo, este proceso no estaría completo sin concretarse en unas políticas reivindicativas para su erradicación. Políticas que en general se han centrado tanto en medidas preventivas como punitivas. En este apartado trataremos cómo la demanda de justicia penal ha necesitado también de la elaboración de un marco positivo de denuncia pública y criminalización de lo que tanto tiempo se consideró una conducta propia de la “esfera privada”. Este proceso, en lo que conlleva de criminalización y condena pública de los agresores y visibilización, atención y apoyo a las víctimas se encuadra en un proceso más general de redefinición de la violencia, la desviación y el papel social del derecho penal.

Comenzaremos también haciendo algo de historia. En los años sesenta había surgido, de la mano del interaccionismo simbólico, un nuevo y radical enfoque de la desviación, la teoría del etiquetaje. Esta teoría supuso una inversión de la imagen positivista del desviado, que pasaba de ser el peligro social número x, a considerarse una “creación” y víctima del control social. Frente al enfoque correccional se imponía una nueva actitud: escuchar, comprender sus razones, “simpatizar” con el desviado. El posterior desarrollo de estos planteamientos en los contraculturales años sesenta insistirá en la imagen del desviado como un rebelde político, lo sepa o no, transgresor del orden capitalista y la moral burguesa. En este contexto “descriminalizador”, en que se reivindica la abolición de cárceles y manicomios, en que se vivía y escribía con la sensación de que el fin del Sistema estaba al alcance de la mano era prácticamente imposible que el movimiento feminista reivindicara un uso ejemplar del derecho penal.

La lenta pero progresiva irrupción de las mujeres como sujetos en todas las esferas de la vida pública ha supuesto un revulsivo a aquella visión romántica y anti sistema de la violencia y la desviación. Efectivamente, el análisis de género ha planteado con inusitada dureza la condición de víctimas de las mujeres en la sociedad patriarcal: ¿son acaso progresistas los malos tratos o el acoso sexual?, ¿qué significado profundamente contracultural pueden tener pintadas del tipo “si la violación es inevitable, relájate y disfruta?”, ¿qué dosis de transgresión, romanticismo y alegría de vivir -tan bien y tan machaconamente fundamentadas por reconocidos pensadores, literatos y cineastas- podemos encontrar en el ejercicio de la prostitución? Si bien las mujeres no fueron las únicas en centrarse en las olvidadas víctimas, sus análisis fueron especialmente valiosos a la hora de establecer la relación entre las víctimas y una estructura de poder determinada, en este caso, la estructura patriarcal. El descubrimiento de la relación entre la sociedad patriarcal y la victimización de las mujeres supuso la aparición del debate en torno al uso del derecho penal como instrumento de cambio social progresista y feminista. Tanto el castigo a los agresores como la aplicación más dura de las leyes existentes. Este renovado debate tiene entre sus protagonistas al movimiento feminista, pero puede también contextualizarse en el marco más amplio de una nueva concepción del derecho penal por parte de los nuevos movimientos sociales.

La criminología crítica había etiquetado el derecho penal como un instrumento de clase al servicio del poder. Sin embargo, de esta posición podían seguirse dos posturas contrapuestas por parte de quienes impugnan dicho poder: o bien rechazar el derecho penal, o bien reivindicar una aplicación más igualitaria del mismo. Pues bien, esta segunda opción parece haber logrado, no sin fuertes tensiones, cierta hegemonía en la década de los ochenta. Así lo relata Larrauri: “A partir de entonces lo que se observa con desmayo es la facilidad con que los movimientos progresistas recurren al derecho penal. Grupos de derechos humanos, de antirracistas, de ecologistas, de mujeres, de trabajadores, reclamaban la introducción de nuevos tipos penales” (Larrauri, 1991: 217). La contradicción salta a la vista. Los mismos movimientos que en los años sesenta habían combatido la bondad del derecho penal y la cárcel como instrumento de resocialización y moralización públicas reclaman ahora su valor simbólico y “penas ejemplares”. No es éste el lugar adecuado para sintetizar un debate realmente complejo, pero sí para terminar con alguna reflexión al respecto. En primer lugar el feminismo, precisamente por ser un movimiento social, se caracteriza por una más que notable heterogeneidad de posturas y estrategias. Dentro de la gama de posturas, un extremo es el adoptado por algunos grupos de feministas de la diferencia, que rechazan acudir a la ley, ley que consideran hecha “por y para varones”. Sin embargo, dejando de lado esta postura extrema, y matizando que ningún grupo confía en la mera represión vía derecho penal como única solución, sí parece haberse dado cierto consenso sobre la necesidad de ampliar y endurecer los tipos penales y exigir una contundente y severa aplicación de la ley. Entre otras razones, por el ejemplar valor simbólico del castigo, ya que aquellas conductas que no están penadas no parecen especialmente graves. En segundo lugar, es cierto que esta actitud encierra contradicciones, ya que son bien conocidas las deficiencias del sistema penal y carcelario como agentes de rehabilitación y reinserción social, pero, en todo caso supone la asunción una jerarquía de valores y actuaciones en que el peligro y la protección de las víctimas, es decir de las mujeres, se ha situado, finalmente, en el primer lugar de la misma.

Ana de Miguel

Link a enlace http://www.mujeresenred.net/spip.php?article440

 

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