La violencia contra las mujeres en una sociedad en crisis (Parte I)

Escribir sobre la violencia sexista siempre se hace desde la conmoción, es imposible ignorar los sentimientos, olvidar las experiencias, mantener la actitud distante de quien analiza una realidad ajena. Volver sobre ello supone repensar buena parte de la actividad feminista de todos estos años y siempre, siempre, se empieza por la misma pregunta: ¿por qué? Por qué si hemos logrado reducir las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres, si hemos conseguido avances significativos en la autonomía económica y sexual, si parece existir un consenso social de condena a la violencia sexista, si las Administraciones central, autonómica y local desarrollan planes de igualdad, normas, protocolos y leyes contra la violencia de género… Si todo esto es cierto, ¿cómo es posible que la sociedad siga generando el horror que significa la agresión, el maltrato y la violencia sexual de los hombres contra las mujeres, una violencia que llega en muchos casos al extremo de acabar con sus vidas?

 

Una sociedad en crisis diversifica y complica los procesos de violencia

La respuesta a esta pregunta nunca ha sido sencilla y ahora sin duda es particularmente complicada. En primer lugar, porque las causas de la violencia sexista son profundas, tanto que tienen que ver con la forma en que está organizada la sociedad y en cómo nos relacionamos. Hablamos de un fenómeno estructural. La violencia sexista constituye un mecanismo coercitivo funda- mental para el mantenimiento de las desigualdades entre hombres y mujeres, mediante el control y sometimiento de éstas, por parte de ellos, a un orden social y doméstico patriarcal y a un orden sexual heteronormativo para el que la violencia sexual y el maltrato se convierten en un instrumento eficaz. Se intenta mantener así un poder basado en un sistema binario de asignación de mujeres y hombres a distintos géneros. De este modo se intenta garantizar el sometimiento y subordinación de las mujeres en alguna esfera de su vida, hecho que se proyectará de forma simbólica o concreta hacia el conjunto de la misma. La erradicación de esta violencia apunta a un cambio radical de la sociedad en la que vivimos. En segundo lugar, si lo dicho es cierto, también lo es que no sólo persisten las desigualdades y las restricciones a la libertad y autonomía de las mujeres, sino que se agudizan en el contexto de crisis civilizatoria en que vivimos. Así, respondiendo a la lógica de inclusión y exclusión del propia sistema, las mujeres gozamos de muy distintos niveles de autonomía, muy amplios para unas y muy reducidos o inexistentes para otras, lo que significa contar con distintas posibilidades y medios para enfrentarnos a cualquier agresión. Además, es fácil constatar que el consenso social contra la violencia es más aparente que real, respondiendo más a una adaptación ambiental a lo políticamente correcto y centrado casi exclusivamente en el rechazo al asesinato de mujeres por ex parejas, que a un cuestionamiento real y operativo de la violencia machista. Por último las políticas públicas se han diseñado más para paliar las con- secuencias y corregir una violencia que entienden como disfuncional que para impulsar cambios en profundidad y actuar sobre sus causas. En suma, el resultado final es que un buen número de mujeres sigue sufriendo la violencia de género en sus cuerpos, reflejando así la miseria de una sociedad que, en su mayor parte, mira para otro lado. Este horror está profundamente arraigado en las estructuras e instituciones sociales, en el acerbo ideológico común, en sus valores y simbología, atraviesa y alimenta otras desigualdades, jerarquías sociales y relaciones de poder: de clase, de etnia, sexual. De esta manera el patriarcado resulta enormemente funcional al capitalismo, valiéndose también de él el racismo, el autoritarismo, la homofobia y un largo etcétera. Una primera respuesta a la pregunta con la que empezaba el artículo es la constatación de que la violencia forma parte de nuestra vida en la medida en que mujeres y hombres estamos situados en las distintas jerarquías de poder. Que vivimos en una sociedad violenta, donde cada vez se va haciendo más presente la que introducen los mercados en nuestras vidas y la violencia coercitiva del Estado del Mal-estar en el que se dibuja nuestra existencia inmediata y que, si se le deja, apunta a una “brutalización” de la sociedad. Como conclusión en este terreno, podríamos adelantar dos aspectos. En primer lugar, que la repercusión de los discursos, propuestas y medidas de defensa de las mujeres frente a la violencia y a las normas y leyes puestas en marcha, presentan muchos aspectos positivos y negativos, y que incluso en los aspectos más claros está habiendo dificultades para una puesta en práctica eficaz. Y que la forma en que buena parte de la sociedad interioriza estas medidas no va más allá de un apoyo externo a lo políticamente correcto. Por otra parte, las repercusiones de la crisis social global está haciendo más complejo y está diversificando los procesos de la violencia de género.

 

La violencia de género en disputa

Hay multitud de manifestaciones distintas de violencia y cuando hablamos de forma genérica (y nunca mejor dicho) nos podemos referir a situaciones y realidades muy diferentes. Por eso precisar y aclarar a qué nos referimos cuando hablamos de violencia sexista o de género tiene su importancia. De ello depende que los discursos conecten o no con la realidad concreta que viven las mujeres (y los hombres), y lo acertadas o no que resulten las medidas y políticas que se ponen en marcha para que desaparezca de nuestras vidas. De hecho, detrás de algunas polémicas en torno al término con el que nombrar la violencia contra las mujeres se esconden distintos planteamientos ideológicos con sus correspondientes propuestas sociales; no es por tanto un debate carente de importancia y repercusiones prácticas, al contra- rio. No hay más que ver los sucesivos intentos que, desde posiciones con- servadoras y misóginas se vienen realizando para integrar “la violencia de género” en el término de “violencia familiar” o “violencia doméstica”, tratando de diluir su contenido a base de ampliar los sujetos que la sufren. La disputa en torno al término no es por el derecho y necesidad de que los hermanos, padres y madres, hijos e hijas que son objeto de violencia por algún otro miembro de la familia accedan a los recursos y prestaciones sociales y legales de apoyo, que nadie discute, sino por la significación de la violencia de género y las relaciones de poder que revela. Unas connotaciones políticas y sociales que buena parte de la clase política no quiere entender, o entiende demasiado bien.

El problema no es establecer una especie de jerarquía entre las distintas violencias interpersonales, sino garantizar que todas las personas que son objeto de violencia tienen los recursos adecuados a la naturaleza de la misma porque son los que les serán realmente útiles. Y, aunque todas se produzcan en el ámbito familiar, la que se ejerce entre hermanos o de padres y madres a hijos e hijas o viceversa tiene unas características diferenciales entre sí y con la violencia que ejerce el hombre sobre la mujer con quien tiene una relación de pareja. La diferencia no reside en el resultado físico (que puede ser muy similar), sino en la causa y el objetivo concreto que persigue. Cuando se habla de violencia de género en las relaciones de pareja nos estamos refiriendo a la que se establece entre parejas heterosexuales y ejercen los hombres sobre las mujeres, sean estos bio hombres u hombres transexuales, sea esta sexual, física o psicológica. La aclaración viene al caso porque tenemos muchos problemas con los conceptos, para empezar porque la capacidad de integración y asimilación institucional de términos como “género” es realmente impresionante. Este término, acuñado por la teoría feminista, pone de manifiesto el carácter social, cultural y relacional de las desigualdades entre hombres y mujeres, pero acaba convirtiéndose en un simple sinónimo de mujeres y hombres vaciándolo de contenido al quitarle toda su carga crítica. Esto no es exclusivo del feminismo, pasa también con términos como el de “sostenibilidad” empleado por el ecologismo, o con el de “democracia” o “ciudadanía”. Y en todos los casos obliga a estar constantemente precisando el significado que cada cual le otorga para poder entendernos. El distinto significado que le atribuimos las feministas, muchos jueces y juezas y buena parte de la sociedad explica por ejemplo el estupor e indignación que nos provocan algunas actuaciones judiciales en las que no se reconoce o se banaliza una agresión sexista y se dictan sentencias que incluso las justifican. Pero también hay otros problemas porque al poner en la agenda pública la violencia en las relaciones de pareja heterosexual se ha abierto el melón y se ha visibilizado hasta qué punto la violencia está presente en todo tipo de relaciones interpersonales.

Por ejemplo, las relaciones de pareja entre lesbianas están atravesadas a veces por violencia física y psíquica. De hecho las feministas lesbianas reivindican el reconocimiento y visibilidad de esa violencia, para que se tome en consideración y tener un mejor acceso a servicios y recursos legales y socia- les. Refleja, en cierto modo, el desconcierto creado a partir de la ley de violencia de género al haber quedado como catalizador de todas las violencias interpersonales. Pero en realidad no se trata de una violencia que se pueda tipificar “de género”, salvo que se quiera encerrar las relaciones entre lesbianas en los estereotipos binarios de masculinidad y feminidad que rigen para las parejas heterosexuales. Flaco favor se estaría haciendo a la libre asignación de identidad y prácticas sexuales.

Por Justa Montero Corominas

Link a enlace

http://www.vientosur.info/articulosabiertos/VS121_J_Montero_ViolenciaGenero.pdf

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